Desmantelado un albergue clandestino con 120 perros en Murcia
Foto: GUARDIA CIVIL
MURCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
La
Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con personal del
Servicio de Sanidad Animal de la Dirección General de Ganadería de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha desmantelado, en la
denominada operación 'REHALA', un albergue ilegal de perros en el
término municipal de Bullas (Murcia).
En las instalaciones, un terreno cercado de poco más de 1.000
metros cuadrados situado en una zona rural, se alojaban alrededor de 120
perros de diferentes edades y razas, en su mayoría correspondientes a
las variedades que con frecuencia se emplean para el ejercicio de la
caza como son galgos, podencos, pachones y bretones, entre otros.
Algunos de los animales se hallaban hacinados en pequeños recintos
cerrados existentes en el interior del albergue, según han informado
fuentes del Instituto Armando.
En el momento de la inspección de la benemérita, dos fosas
excavadas sobre el terreno servían como depósito a los cadáveres de los
animales que iban falleciendo, algo habitual teniendo en cuenta la
delgadez que la mayor parte de ellos presentaba.
De hecho, a la llegada de los agentes al lugar, los canes no
tenían acceso a agua y el único alimento del que disponían eran patatas
fritas.
Algunos de los cadáveres no habían sido aún arrojados a ninguna de
las fosas y estaban siendo devorados por otros perros en el interior
del albergue.
Las instalaciones, que carecían de las preceptivas licencia de
actividad y declaración como núcleo zoológico, y que tampoco disponían
de un servicio veterinario que supervisara su estado sanitario, eran muy
precarias, hasta el punto de que algunos de los animales no contaban
con un refugio donde resguardarse de las inclemencias meteorológicas.
Los perros, que presentaban una apariencia esquelética y en
algunos casos tenían heridas abiertas, carecían en su mayor parte de las
correspondientes cartillas sanitarias caninas y no habían sido
vacunados contra la rabia.
En el momento de la inspección, la Guardia Civil constató la muerte de al menos siete perros en las instalaciones.
Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de
Instrucción en funciones de Guardia en el partido judicial de Caravaca
de la Cruz, así como del Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El vigente Código Penal sanciona con hasta un año de prisión
e inhabilitación especial hasta tres años para el ejercicio de
profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, a
aquellos que, por cualquier medio o procedimiento, maltraten
injustificadamente a un animal doméstico o amansado, causándole la
muerte o lesiones que menoscaben gravemente su estado físico.